Por: Lic. en Nut. Priscila Guzmán Rodríguez
El pasado martes 05 de agosto se da a conocer como noticia histórica que la 64 legislatura del Congreso de Oaxaca aprueba prohibir la venta de bebidas azucaradas y alimentos chatarra a menores de edad lo cual queda establecido en un articulo Bis de la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Una de las razones por las que se despliega dicha propuesta en el 2019 por la diputada de Morena, Magaly López Domínguez, son las cifras preocupantes de sobrepeso y obesidad con sus desencadenantes de diabetes en menores de edad, en donde Oaxaca figura como el estado con las cifras más altas.
La idea que quiero exponer a continuación es por qué en sí misma es una acción carente a menos que se visualice desde un contexto global involucrando al factor sociedad, servicios de salud y estado vigentes.
Es bien sabido que la situación en materia de alimentación en México es deplorable, resultado de los hábitos inadecuados acarreados de cuarenta años a la fecha que siguen afectando a las nuevas generaciones no solo por el factor genético sino por el factor ambiental con el que día a día conviven. Han sido muchos los programas en materia de alimentación generados en México a cargo de diferentes sexenios, pocos orientados a la prevención del sobrepeso y obesidad, sin embargo, el mal enfoque desencadena en su corta duración y la poca adhesión a largo plazo. Recuerdo haber trabajado en uno de ellos en el año 2016 denominado “Prevención, tratamiento y combate a la obesidad infantil” a cargo del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) instituido en escuelas de nivel básico (primarias); la propuesta me pareció excelente en su formulación, por primera vez estaba encaminado a padres de familia formulando talleres acerca de cómo debían alimentar a sus hijos, ¡orientado a los padres de familia!, ¡qué ostentación! justo en la raíz del problema, y ¿saben qué? a pesar de que los talleres estaban bien formulados en su base teórica y práctica, de los 30 padres de familia que conformaban un grupo, escasamente llegaban a ir tres o cuatro o máximo diez, ¿las razones? siempre son muchas: falta de tiempo, trabajo, inconvenientes familiares, “no se enteraron”; yo lo resumiría en una premisa: No les interesa la salud de sus hijos, o de manera más sutil, no quieren entender que la alimentación es el única arma que tienen para prevenir enfermedades en sus pequeños. Y bueno, creo que no es necesario decir que fueron solo cuestiones políticas, ya saben, levantamiento de datos para decir cuántos niños estaban cursando con sobrepeso y obesidad, alertar momentáneamente, ¿y luego? luego nada, concluyó sin explicaciones, bueno sí hubo una: no hay presupuesto para el segundo proceso (que era la acción). Muchos nutriólogos trabajamos con esmero en ello como una esperanza y fracasó.
Me gustaría no ser tan repetitiva en cuanto a cifras se refiere, pero creo que es importante recalcar que el 8.2%[1] de la población de niños entre 0-4 años tiene sobrepeso y el 22.2% está en riesgo de padecerla, que el 35.6% de niños de entre 5 y 11 años de edad ya tienen sobrepeso u obesidad y que las cifras más altas se concentran en la Ciudad de México (segundo lugar después de Guanajuato), ¿la causa? ¡fácil! la mayor población que consume botanas, dulces y postres justo se concentra en estos grupos de edad, 63.6% de los consumidores tienen entre 1 y 4 años y el 64.6% entre 5 y 11 años. Evidentemente un niño de uno o tres años no va solo a la tienda y compra unas papas o un refresco o un dulce, los proveedores son los papás.
Toda política pública debe ser integral y debe considerar proporcionar a la población la información necesaria para la toma de decisiones, y claro, se necesita la participación activa de la sociedad.
Hay dos cosas importantes que rescato de ello. La primera es que, vedamos el factor mercadológico que tanto influye en los niños y dejamos la decisión a los verdaderos responsables de la alimentación infantil, los padres o tutores. A este respecto concuerdo con las palabras de la diputada Magaly López: “Este proyecto solo prohibirá la venta a niñas, a niños y a adolescentes. Que sean mamá y papá quienes decidan si sus hijos pueden comer o no estos productos. Que sea bajo su responsabilidad. Que sea una decisión de quienes tienen la tutoría legal, de quienes tienen a su cargo su salud y su integridad. Que no sea decisión de las empresas. Que son sea una decisión de capitales trasnacionales”. La segunda, es que, es una herramienta eficaz para la población que ya cuenta con asesoría nutricional aislada, pues será más sencillo que con la educación en consulta reivindique la toma de decisiones para con su persona y su familia.
Claro que la noticia no fue nada buena para el sector empresarial, pues sugieren que es un golpe para los pequeños negocios, lo cierto es que, con la incentiva de promover la actividad física, hábitos de vida saludable e información necesaria para la toma de decisiones desde temprana edad esta noticia es un paso más en las políticas públicas enfocadas a prevenir esta epidemia que está latente en nuestro país.
[1] INEGI, INSP, SS (2018). Presentación de resultados Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Consultado en: https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf
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